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A pesar de las trabas que se imponen a su funcionamiento, la Corte Penal Internacional (CPI) continúa cumpliendo con su labor. Tanto es así, que respondiendo a los aún poco concretos anuncios de Colombia de que se retiraría del Estatuto de Roma, ha recordado esta semana que, de cambiar las condiciones, La Haya podría volver a examinar el caso de crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto armado. No hay que olvidar que la Corte Penal Internacional se encuentra amenazada.
"Este tribunal surgió del espíritu de los Juicios de Núremberg, por las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial", comenta a DW Hana Jalloul, vicepresidenta de la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo.
"La corte funcionó bien para juzgar a muchos autócratas de África", resalta la eurodiputada por España del bloque socialdemócrata. Esto nutre una de las grandes críticas que se le hace al tribunal: que ha hecho justicia, sí, pero solamente en casos del llamado sur global.
No obstante ha que tener presente que "también emitió orden de captura contra Vladimir Putin en 2023, por reclutamiento forzoso de niños ucranianos", apunta Jalloul. "Pero cuando tocó sancionar al Gobierno de Israel, el derecho internacional se quebró", subraya.
Recordemos que en noviembre de 2024, la CPI emitió órdenes de detención y entrega por posible comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad contra Benjamín Netanhaju y dos de sus ministros. Y en febrero de 2025, se emitía en Washington la orden ejecutiva autorizando imponer sanciones a los miembros de la CPI. Entretanto hay un fiscal destituido, doce jueces y dos organizaciones de la sociedad civil con sanciones internacionales.
Es más, que tres países africanos ―Burkina Faso, Malí y Níger―abandonaran en septiembre de 2025 la corte nutre la duda de que lo hayan decidido siguiendo la estela estadounidense. También Venezuela, que tiene un expediente abierto, un examen preliminar, desde el 2021, comunicó la decisión firme e "irrevocable" de retirarse de la CPI. Y, más recientemente, Colombia amaga igualmente con su retirada.
"Es muy preocupante lo que está sucediendo. Hay que tomar conciencia de la importancia de tener un tribunal internacional", subraya Hana Jalloul, cuyo grupo en la Eurocámara promueve un premio Sájarov para la CPI como claro apoyo a su labor.
Otra de las críticas que se le hacen a la CPI es el tiempo que se tarda para sus investigaciones y eventuales condenas. Aquí cabe recordar que el acta de nacimiento de este tribunal internacional se firmó en Roma en 1998 y entró en vigor en 2002. Su primera condena fue en 2012 a Thomas Lubanga, por reclutamiento de menores y masacres en la República Democrática del Congo. ¿Diez años para una condena? "Se trata de una investigación muy en profundidad para que las sanciones tengan base. No se deciden de la noche a la mañana", resalta la eurodiputada Jalloul.
En cuanto a exámenes realizados a profundidad y con tiempo, el caso de Colombia es el mejor ejemplo. "En junio del 2004, la situación de Colombia comenzó a ser objeto de examen preliminar por parte de la CPI. En varios de sus informes, la fiscalía de la corte determinó que la información disponible permitía creer que se habían cometido crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra", explica a DW Vicente Vaillies, coordinador de la red OIDHACO (Oficina Internacional Derechos Humanos Acción Colombia), una plataforma que, desde Bruselas, ha acompañado todo el proceso.
"El análisis de admisibilidad para Colombia ha sido el más largo de la CPI. Tardó 17 años", explica a DW Lily Andrea Rueda, magistrada de la Jurisprudencia Especial para la Paz (JEP), un tribunal de carácter transitorio que busca justicia restaurativa en crímenes cometidos en un conflicto de seis décadas. El tribunal especial de Colombia comenzó sus labores en 2018, con base en los Acuerdos de Paz de 2016.
Aunque los años y el aparente laberinto legal complican la comprensión, "todo esto es importante para entender por qué, en 2021, la CPI cerró la investigación a Colombia por asesinatos sistemáticos, secuestros, reclutamiento de niños, toma de rehenes", detalla la magistrada Rueda. "La Corte veía que se estaban haciendo esfuerzos genuinos para hacer justicia para las víctimas y para cumplir con las obligaciones internacionales", agrega.
Para el cierre del examen a Colombia, la CPI firmó un acuerdo de cooperación con el Estado colombiano, pero estableció condiciones: "La oficina de la fiscalía iba a estar atenta al desarrollo de la búsqueda de justicia en el país, a que no cambien las condiciones que motivaron el cierre del examen", continúa la magistrada Rueda.
Es más, dado que el sistema colombiano innova la justicia restaurativa, por ejemplo, en temas especialmente sensibles como el reclutamiento de niños y violencias basadas en género, "la CPI tiene especial interés en que haya avances en garantías de derechos de las víctimas", agrega.
Ahora, con la posibilidad de que Colombia ―que produjo el primer proceso de paz bajo el Estatuto de Roma― abandone La Haya, la CPI anuncia que podría volver a retomar el caso.
"Esto no significa que la CPI va a venir automáticamente a encargarse de la justicia que no puede administrar la justicia nacional", aclara la magistrada de la JEP Lily Andrea Rueda. "Pero de verificarse ciertas condiciones y determinar si se cometieron crímenes en el país, puede reabrir el análisis y seguir su propio sistema de administración de justicia", puntualiza.
Lo cierto es que "lo deseable sería que la CPI estuviera en condiciones de actuar en caso de que las instituciones colombianas fallaran. Pero recordemos que este tribunal se encuentra en apuros", subraya la eurodiputada Hana Jalloul.
A pesar de quienes siempre estuvieron en su contra ―China, Israel y Rusia entre ellos―, de los que la abandonan y los que la atacan, "es importante que la CPI siga existiendo como un paraguas internacional. Si algo no funciona a nivel nacional, que un tribunal con un ámbito más extenso pueda velar por que no haya impunidad, que juzgue a criminales de guerra vengan de donde vengan y, con ecuanimidad, tenga en cuenta las historias de las víctimas", concluye Jalloul.
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(rml)